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Alentado por el doble proceso de liberalización económica y democratización política que desde la década de los 80´s se presenta en nuestro país y por las manifestas transformaciones del escenario internacional actual, el debate sobre la política exterior mexicana ha comenzado a adquirir un espacio público. Temas, agendas y estrategias de la política exterior comienzan a ser conocidas y cuestionadas por la ciudadanía, y difícilmente podrán mantenerse como coto cerrado de competencias ministeriales.

Así lo demuestra el estudio comparativo de opiníon, México y el Mundo. Visiones Globales 2004 (CIDE, COMEXI, CCFR 2004) realizado por el centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) en la colaboración con el Chicago Council of Foreign Relations (CCFR), que fue publicado en el pasdo mes de septiembre, en el que se revela, para sorpesa de muchos, que la población mexicana está muy atenta del entorno internacional y se preocupa por el curso que está tomando la misma. Rechaza el aislacionismo y la participación reactiva del país en los asuntos internacionales, demanda en cambio, una política exterior proactiva y propositiva, pero limitada a asuntos que afecten a nuestro país.

La seguridad es el tema predominante para los mexicanos en la agenda de política exterior para los próximos diez años. Terrorismo, armas biológicas y químicas y narcotráfico, son consideradas por los mexicanos como las amenazas más importantes para nosotros, debido quizás a nustra posición geopolítica, como vecinos de Estados Unidos. En la encuesta, los mexicanos incluso se manifiestan dispuestos a aceptar la presencia de agentes norteamericanos en el territorio nacional que colaboren con las autoridades mexicanas para la defensa y vigilancia de las fronteras y puestos marítimos.

Con respecto a la gobernabilidad global, el uso de la fuerza y las instituciones internacionales, la encuesta revela también una mezcla interesante de pragmatismo y apertura. Naciones Unidas (ONU) es, de entrada, la organización que despiesta sentimientos más favorables, así como las organizaciones No-Gubernamentales internacionales que promueven la defensa de los Derechos Humanos (75% y 70% de aprobación respectivamente) (CIDE, COMEXI, CCFR 2004, 26).

Si bien la mayor parte de los mexicanos respalda la idea de fortalecer a la ONU (60%), no existe un acuerdo general sobre las medidas que pudieran aplicarse para tal fin. Menos de la mitad (48%) está a favor de otorgar la facultad de regular el comercio internacional de armas y, solo un 43% aprobaría la posibilidad de dar a la ONU la facultad de financiar sus actividades mediante un gravamen sobre la venta de armas o petróleo (CIDE, COMEXI, CCFR 2004, 27).

En temas tan problemáticos como el uso de la fuerza militar, la mayoría de los mexicanos aprueban el derecho a la ONU en los casos de violación general a los derechos humanos como genocidio (79%), para evitar el apoyo de países a grupos terroristas (75%), para impedir la adquisición de armamento nuclear de parte de alguna nación (74%), para defender algún país ante un ataque (74%), para restaurar un gobierno democrático que ha sido derrocado por la fuerza (63%) (CIDE, COMEXI, CCFR 2004, 29).

Si se observa la política exterior actual y, ante la supuesta oposición tradicional de la opinión pública a la participación de México en operaciones militares en el exterior, no puede dejar de sorprender el hecho de que el 48% de los mexicanos afirma que nuestro país debe de participar en las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Aunque si bien es cierto, que la cifra porcentual no refleja una mayoria absoluta, si demuestra una aceptación mayor a la esperada.1

Efectivamente, el hecho de que la mayoría de los mexicanos acepten la participación de México en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP) cuestiona completamente la postura tradicional de no intervención y abre un debate al respecto.

Frente a la posibilidad de "cascos azules mexicanos", contemplada por la ciudadanía,se encuentra la postura mucho más rígida del gobierno, que desde la administración de Ernesto Zedillo, viene sosteniendo que ello implicaría violar el artículo 89 fracción X de la Constitución, que ordena al Ejecutivo federal observar los principios de autodeterminación, no intervención, solución pacífica de controversias y proscripción del uso de la fuerza en situaciones internacionales, y que requeriría además, de una modificación sustancial en la doctrina del ejército, hasta ahora circunscrita a la seguridad nacional.